La gobernanza provincial en Sudáfrica se ha visto sometida a una enorme presión y escrutinio por parte de diversos sectores, como las instituciones del Capítulo 9, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y los partidos políticos de la oposición. Sin embargo, estos retos no son nuevos y han sido una preocupación para el gobierno sudafricano desde los albores de la democracia. El anterior presidente, Thabo Mbeki, durante su mandato, destacó los retos a los que se enfrentaban las provincias -sobre todo en lo que respecta a la gestión financiera- e insinuó la necesidad de abolirlas. La mala gobernanza y la incapacidad endémicas de las provincias -sobre todo las que heredaron regiones de las antiguas patrias- socavaron los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo del gobierno. Sin embargo, más de 23 años después del inicio de la democracia en el país, las provincias siguen luchando por cumplir sus obligaciones ejecutivas. Esta incapacidad de los gobiernos provinciales ha llevado al ANC gobernante a revisar las provincias. La revisión de las provincias requiere una enmienda constitucional, ya que implica la reorganización del marco político legislativo y del sistema de gobierno que asigna los poderes y las funciones a las provincias; una disposición política que está arraigada en la Constitución del país. Este marco político de gobierno, conocido como sistema cuasi-federal o Estado unitario descentralizado por su gran parecido con un Estado federal, aunque altamente centralizado, fue acordado como un compromiso por las partes negociadoras durante las negociaciones de Codesa para dar cabida a los temores y salvaguardar los intereses de los partidos minoritarios, en particular el IFP y el NP, en el nuevo gobierno de unidad nacional. El estudio adoptó un enfoque de investigación cualitativa descriptiva exploratoria para explorar la situación y el papel de la gobernanza provincial en la dispensación constitucional sudafricana entre 1996 y 2012. El estudio encontró debilidades en el marco legislativo del actual sistema político de gobierno, que posteriormente hace que las provincias sean propensas a prácticas de mala gobernanza e incapacidad con respecto a su capacidad para cumplir con sus obligaciones ejecutivas constitucionales y su mandato electoral. Por lo tanto, el estudio propone una asignación de poderes y funciones constitucionalmente garantizados a las provincias mediante reformas constitucionales. Esto establecería a Sudáfrica como una federación, en la que las provincias tienen la autoridad y la capacidad de actuar independientemente como instituciones autónomas de gobierno democrático dentro de sus respectivas jurisdicciones para cumplir con sus obligaciones legislativas y ejecutivas en el mejor interés de sus diversas circunscripciones.

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